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De la legalización a la formalización: un nuevo horizonte para la convivencia minera en Colombia – Carlos Cante
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De la legalización a la formalización: un nuevo horizonte para la convivencia minera en Colombia

De la legalización a la formalización: un nuevo horizonte para la convivencia minera en Colombia

Al inicio del primer gobierno del presidente Santos, en 2010, nos encontramos con 20.000 solicitudes de títulos mineros en Colombia. Prácticamente toda el área susceptible de ser titulada estaba solicitada, lo cual tenía sus raíces en un proceso de promoción de la inversión creado por la Ley 685 de 2001 que generó, en menos de una década, el paso de 2.900 títulos mineros a 8.900. Lastimosamente estos ejercicios, como muchos otros que han existido en el país, no condujeron a resultados favorables para la pequeña minería tradicional.

En varios casos, las áreas en donde los pequeños mineros habían ejercido su actividad por largo tiempo fueron tituladas a terceros, desconociendo así la posibilidad de legalizar a quienes ya estaban allí. Esto a pesar de que tanto la Ley 685 como el Artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, norma que después fue declarada inexequible y condicionada por la Corte Constitucional, establecieron claramente que se tenían que garantizar los derechos de los mineros tradicionales, siempre que estos tuvieran la capacidad de demostrar que venían aprovechando esos recursos minerales.

Ese desconocimiento pudo darse por diversas razones: falta de información del Estado, desidia de los mineros, carencia de un programa de acompañamiento adecuado, trámites engorrosos o porque las mismas leyes no preveían unos mecanismos adecuados. Pero, explicaciones aparte, constituyó un hecho complejo que ha ocupado la atención de la política pública en el actual Gobierno.

Este es un país de pequeña minería. Alrededor del 64% de los títulos son de menos de 100 hectáreas. En general, estos corresponden a extracción de carbón, la cual está muy consolidada en Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Antioquía, en donde esas pequeñas explotaciones comúnmente han obtenido la legalidad a través de diferentes herramientas creadas para tal fin, como los contratos en virtud de aporte para pequeña minería o las licencias de exploración y explotación de hace 20 o 30 años atrás.

De hecho, desde 1968 en el país han existido alrededor de 10 programas que, con diferentes mecanismos, obtuvieron importantes logros en legalización. Gracias a ellos, y en especial a los avances de los años 80 y 90, muchos de los actuales titulares mineros lograron ese estatus.

Por ello es especialmente relevante lo acaecido en la titulación minera masiva de la primera década del presente siglo, época en la cual, pese a haber existido oportunidades de legalización, amparadas tanto en la Ley 685 de 2001 como en el Decreto 933 de 2013 (que generaron sendos procesos con alrededor de 8.000 solicitudes en cada uno), el rasgo característico fue, fundamentalmente, que cerca de un 80% de las solicitudes estaban superpuestas con áreas ya tituladas.

Evidentemente, ante ese complejo panorama, esos programas de legalización ya no resultaban suficientes, máxime cuando encontramos que muchos pequeños mineros, hoy informales, alguna vez tuvieron un título minero y lo perdieron por incumplimiento de sus obligaciones.

Una persona que lucha toda la vida por obtener un título minero, cuando lo obtiene, normalmente lo considera un punto de llegada. Nada más equivocado que esa conclusión. Ese es únicamente el comienzo de una actividad que le debe aportar desarrollo a la comunidad, seguridad y bienestar a los trabajadores y ganancias económicas al territorio y a los socios. Como esto implica una gran cantidad de responsabilidades mineras, técnicas, ambientales, comunitarias y de seguridad industrial, si una persona o una comunidad se centra solo en conseguir un título, seguro lo va a perder con el tiempo.

Así que el concepto de la legalidad por la legalidad misma hizo agua en el país. Por eso empezamos a estructurar algo que fuera más allá, que incluyera diferentes figuras que le permitieran al titular garantizar una condición formal de trabajo que, acompañada con otra serie de herramientas mineras, técnicas y ambientales, le hicieran posible desarrollar una minería bien hecha.

Eso nos enfrentó a la decisión de cambiar la mentalidad de los mineros, pues ese concepto de legalidad ya se había convertido incluso en un garante de la ilegalidad, porque los programas de legalización se establecieron siempre, tanto en la Ley 141 de 1994 como en las leyes 685 de 2001 y 1382 de 2010, con una prerrogativa y era la de que mientras la autoridad minera no hubiese resuelto la solicitud de legalización, los mineros podían seguir desarrollando su actividad sin problema alguno.

Puede leer el documento completo en la sección de documentos

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